Santo Domingo.- La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), al conmemoraron el Día Internacional del Trabajo, con un mitin en la plazoleta Mauricio Báez, en el que afirmaron que no permitirán retrocesos en el nuevo Código Laboral que se discute, y hacer de la seguridad social, una legislación inclusiva, justa y universal.
Gabriel del Río, presidente de la CASC, Rafael Abreu, presidente de la CNUS y Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, expresaron que se mantendrán firmes y unidos frente a los deseos manifiestos de sectores empresariales de cercenar derechos adquiridos de los trabajadores en el Código Laboral, que en la fecha cumple 30 años de su promulgación”.
Indicaron que con relación a la ley de seguridad social de la que afirman no puede funcionar cuando más del 45 por ciento de los gastos de salud es cubierto por el bolsillo del ciudadano, uno de los más altos en América Latina.
“Tampoco funciona mientras permanezca atascada la atención primaria y no haya una real voluntad de su entrada en vigencia, y mucho menos si una de sus principales características como lo es la universalidad cojea porque más de medio millón de trabajadores de difícil cobertura no son protegidos por dicha ley”, manifestaron.
Señalan que urge por igual introducir cambios que aumenten los montos de las pensiones de los afiliados a las AFP. Estudios realizados indican que el 82.4% de los 1, 855,277 de los cotizantes al sistema recibirán apenas 8 mil pesos, si cumplen con las 360 cuotas de aportes, lo que es igual a 30 años de labores.
Afirmaron que por eso plantean otorgar de pensiones solidarias no contributivas y el fortalecimiento del sistema nacional de salud, que dé respuesta a las necesidades de la población.
Congreso Nacional un proyecto de ley al que aspiramos, para que la universalidad, la solidaridad e inclusión prevalezcan como derechos, y el ser humano sea el actor principal por encima del dinero.
Reiteraron su lucha en defensa de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva consignada en la Constitución de la República y en los convenios 87 y 98 de la OIT.
También demandaron la aplicación de la ley 41-08 de Función Pública a favor del servidor público, y la ratificación de los convenios 151 y 154 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva en ese sector.
En el evento, que congregó a cientos de trabajadores de distintas provincias del país, las centrales sindicales alertaron sobre la gravedad que implica que un 30 por ciento de la juventud esté desempleada, uno de los índices más elevados en Latinoamérica, y que entre 15 y 18 años haya un 16 por ciento en la informalidad.
En cuanto la violencia de género, llamaron a las autoridades a establecer políticas públicas y a demandaron la ratificación del convenio 190 de la OIT, contra el acoso y la violencia en el trabajo y el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, ambos convenios contribuyen a disminuir la carga discriminatoria contra la mujer en su centro laboral.
Solicitaron atender los reclamos a los gremios de salud por mejores conquistas y por elevar su presupuesto a un 5% del PIB, así como la aplicación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico que beneficiará a quienes ejercen esas funciones.
También solicitaron preservar la ley 6-86 que creó el fondo de trabajadores de la construcción, así como la permanencia del INABIMA que protege la jubilación de los maestros.
Creen justo demandar de la reforma agraria y el pago de los terrenos declarados de utilidad pública donde existen asentamientos agrarios que afectan a miles de familias y también la recuperación de los terrenos del Estado en manos particulares, así como el rescate de las factorías de arroz que sean parte de ese programa.
“Incentivar la producción nacional, insistir en mejorar la calidad del gasto, disminuir ganancias, gravar a los que más tienen, impulsar el desarrollo y fortalecimiento de una economía social y solidaria como alternativa para el fomento del trabajo decente, son las políticas que entendemos deben aplicarse para mejorar la situación económica que nos afecta, por lo que demandamos una reforma fiscal integral”.
Reconocen los esfuerzos del gobierno al aumentar salarios a diferentes sectores productivos, que esperan sean más altos en los próximos años, así como el sostenimiento y ampliación de políticas sociales para mitigar los efectos dejados por la epidemia del Covid 19, sobre todo a grupos vulnerables, como también lo es fomentar el diálogo tripartito e incentivar la formación profesional a través de INFOTEP para acceder a empleo de mejor calidad, recuperar la economía y el empleo en medio de la pandemia.
