Santo Domingo,RD.- El presidente Luis Abinader, por intermedio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó tres proyectos de ley, tal como lo anunció ayer en su discurso de rendición de cuentas.
Las iniciativas legislativas impulsadas por el jefe de Estado son el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, el proyecto de ley general de contrataciones públicas y el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos en la República Dominicana.
Proyecto de Ley para la regulación de fideicomisos públicos
Por su parte, el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos en la República Dominicana tiene por finalidad establecer una normativa para la regulación del fideicomiso público, su organización, estructura y funcionamiento, así como su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura o de servicios de interés colectivo.
Las disposiciones establecidas en este anteproyecto son de aplicación obligatoria para las entidades públicas que estructuren y constituyan algún fideicomiso público.
Proyecto de ley general de contrataciones públicas
En lo que respecta al proyecto de ley general de contrataciones públicas se persigue hacer más transparentes y ágiles los procesos de contrataciones públicas.
Esta propuesta tiene por objeto establecer el régimen jurídico general de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que aplican a esta, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
Entre las novedades que incluye la pieza figuran los convenios marco, que son los acuerdos resultantes del procedimiento de selección de proveedores, gestionado y ejecutado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes y servicios comunes y estandarizados de uso frecuente por las instituciones públicas, en los cuales se establecerán precios y condiciones de entrega durante un tiempo definido.
De igual modo, se fortalecen los principios del sistema de contratación pública, incluyendo juridicidad, inclusión, debido proceso, objetividad, imparcialidad, idoneidad, planificación, sostenibilidad, favorabilidad de la producción nacional y favorabilidad del desarrollo local.
Se establece prohibición absoluta para la contratación con el Estado para el presidente, vicepresidente y sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado (hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados).
Entre otros temas innovadores, este proyecto de ley establece modalidades o procedimientos de contratación atendiendo a la cuantía y al objeto y las características de la prestación.
Los tipos de procedimiento serán, licitación pública, licitación pública abreviada, contratación simplificada, sorteo de obras, subasta inversa, contratación menor y contratación sujeta a umbral. De estos, la principal novedad es la licitación pública abreviada, que establece un plazo reducido para la contratación de bienes y servicios comunes y estandarizados.
En lo referente a las mipymes, la ley incrementaría de un 20 a un 30% el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas a este sector empresarial y, dentro de este, de un 5 a un 10 % para las mipymes mujeres.
También estuvieron presentes el subconsultor jurídico Pedro Montilla; los senadores Iván Lorenzo y Ricardo de los Santos, presidente de la comisión de asuntos energéticos y Faride Raful, presidenta de la comisión de Hacienda; así como otros funcionarios relacionados a los citados proyectos.
