SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) obtuvo medida de coerción consistente en una garantía económica de dos millones de pesos contra una empresa dedicada a la producción de aguacate que removió material de la corteza terrestre y causó daños forestales en Loma Redonda, de San José de Ocoa.
La Proedemaren sometió a la Justicia a la empresa Agroforestal Macapi, S.A. y al empresario Manuel Castillo Pimentel, propietario de esa finca, imputados de violar, entre otras normas, varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
El Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa le impuso la medida coerción con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público.
El órgano de la persecución penal responsabiliza a Castillo Pimentel y a su empresa de cometer delitos ambientales consistentes en remover material de la corteza terrestre, sin contar con un plan de remediación.
Especificó que el caso aún se encuentra en proceso de investigación, bajo la coordinación del procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, y la participación de Rudy Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta de Jesús.
Como parte de las investigaciones, y en respuesta a la solicitud de esa procuraduría especializada, la Academia de Ciencias de la República Dominicana rindió un informe sobre el impacto de las actividades ilegales de la empresa y concluyó que la finca Macapi incurrió en remover la superficie del suelo de la ladera, sin un plan aprobado en los términos del artículo 62 de la Ley 64-00.
“Las labores observadas en la ladera intervenida tendrán un efecto erosivo tan pronunciado que producirán un proceso de aridización del área a mediano plazo”, detalla la entidad.
De acuerdo con el informe, el daño ambiental provocado “permite predecir, con toda certeza, que el torrente provocará cárcavas que arrojarán rocas de todos los tamaños aguas abajo, amenazando la estabilidad de la infraestructura de la finca, y hasta las vías de acceso propias de la comunidad (…) un proceso que compromete, además, la fertilidad natural de los suelos superficiales claramente observables”.
