Hay decisiones que, aun cuando puedan estar sustentadas en buenas intenciones, merecen ser examinadas desde la perspectiva de quienes están llamados a defender los intereses de la clase trabajadora. Por eso llama mi atención que las principales centrales sindicales hayan decidido pronunciarse sobre la inversión de los fondos de pensiones en áreas productivas que contribuyan al desarrollo económico y social del país.
No cuestiono que esos fondos puedan invertirse de manera responsable, segura y rentable. Mi cuestionamiento es otro: ¿corresponde a los representantes de los trabajadores asumir como propia una discusión esencialmente técnica sobre dónde deben invertirse?
La Ley 87-01 establece mecanismos y organismos especializados para determinar los instrumentos financieros, sus niveles de riesgo y las condiciones bajo las cuales pueden invertirse los fondos de pensiones. Se trata, por tanto, de una materia que corresponde fundamentalmente a las autoridades reguladoras, las administradoras de fondos de pensiones, los expertos financieros y los sectores productivos involucrados.
Cuando las centrales sindicales colocan este asunto en el centro de la discusión, pueden generar confusión entre los propios trabajadores. Pero, sobre todo, pueden afectar la credibilidad que históricamente han construido ante la sociedad dominicana, si se percibe que están desviando su atención de los temas que realmente afectan a quienes representan.
Esta preocupación cobra mayor relevancia cuando se trata de fondos que pertenecen a los trabajadores y cuyo manejo debe estar sujeto a criterios técnicos, transparencia y seguridad para garantizar su futuro.
Mientras se abre esta discusión, existen problemas mucho más inmediatos que afectan el bolsillo y la calidad de vida de quienes viven de un salario. La dirigencia sindical tiene ante sí una agenda que debería ocupar buena parte de sus esfuerzos: defender el salario, proteger el poder adquisitivo, enfrentar las cargas que afectan al trabajador, promover empleos dignos y procurar mejores pensiones.
El trabajador necesita que sus representantes estén atentos a las decisiones económicas que pueden reducir su capacidad adquisitiva y aumentar el costo de su vida cotidiana. Ahí debería estar, con mayor intensidad, la voz del movimiento sindical.
Sería injusto, sin embargo, desconocer el papel que ha desempeñado el sindicalismo dominicano en momentos decisivos. La defensa de la cesantía laboral y de otros derechos conquistados demuestra que, cuando la dirigencia concentra sus esfuerzos en aquello que directamente afecta a los trabajadores, su voz puede ser determinante.
Por eso, precisamente, el llamado es a no perder el foco. Los fondos de pensiones son demasiado importantes para quedar al margen de criterios técnicos y de la debida regulación. Que los especialistas determinen dónde, cuánto y bajo qué niveles de riesgo pueden invertirse.
Y que las centrales sindicales hagan lo que mejor saben hacer y para lo que tienen una responsabilidad histórica: defender al trabajador.
Porque somos más. Somos los que trabajamos, cotizamos, pagamos y sostenemos buena parte de la economía. Y esos millones de trabajadores necesitan una dirigencia sindical que no solo defienda su pensión del mañana, sino también su salario, su poder adquisitivo y su dignidad de hoy.
Sobre el autor
Edwin DeLaCruz es periodista y abogado con una trayectoria dedicada a la comunicación y la promoción de la justicia social. Su trabajo combina la cobertura informativa con un profundo compromiso con los derechos humanos y la defensa de la dignidad de las personas.
A lo largo de su carrera, Edwin ha mostrado un alto interés en la lucha por los derechos laborales y en visibilizar las causas sociales que fortalecen la equidad y la protección de los más vulnerables. Su enfoque periodístico busca generar conciencia, fomentar el respeto y promover un diálogo ético en torno a temas de relevancia social y humana.
