Actualmente INPOSDOM tiene cinco demandas laborales pendientes de fallo, solo con El Centro Jurídico Batia Ramos, ascendentes a RD$9,698,372
(Sentencia y notificaciones anexas)
El abogado laboral Oliver Batia, denunció hoy que el director general del Instituto Postal Dominicano, Erick Guzmán, no ha cumplido con la Sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00249 emitida por la Segunda Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, la cual condena al INPOSDOM a pagar los beneficios laborales al señor José Manuel Rivas Herrera.
El INPOSDOM fue notificado de esta sentencia en junio 2022 y al no recurrirla en los 30 días de plazo, se convirtió en la Cosa Irrevocablemente Juzgada, o sea que solo les queda pagar la deuda sin más instancias.
Sobre el caso, Oliver Batia, abogado director del Centro Jurídico Batia Ramos y representante de Rivas Herrera, indicó que este es el resultado de otra de las más de 20 demandas incoadas por sus representados ante INPOSDOM.
“Entre otros detalles la sentencia condena al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), a pagar en favor del señor José Manuel Rivas Herrera, la suma de ciento treinta mil pesos con 00/100 (RD$130,000.00), en virtud del artículo 60 de la Ley núm. 41-08, sobre Función Pública, así como el pago de la suma de dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con 69/100 (RD$18,458.69), por concepto de los 40 días de vacaciones; por los motivos expuestos”.
Batia destacó que aunque en este caso no asciende a un monto muy grande, se están lacerando los derechos de una persona de 64 años de edad, muy afectada de salud y que vive como inmigrante en el país, procedente de Venezuela.
Batía agregó que solo a través de su Bufete, el INPOSDOM ha recibido más de 15 sentencias en contra, teniendo que reponer 20 empleados de Cerrera Administrativa, con pagos ascendentes a más de 7 millones de pesos y hay otras 5 en estado de fallo por violación a derechos adquiridos.
“Es increíble como los tres directores que ha tenido el INPOSDOM en esta gestión de gobierno han caído en el desacato y el desconocimiento constante de derechos laborales, llevando el Estado a perder sumas millonarias de dinero y siendo forzados por los tribunales a reintegros, ante cancelaciones irregulares”, enfatizó Batia.
