El caso se deriva de una demanda de 2018 contra la administración Trump que intentó poner fin a una forma de ayuda humanitaria para los migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) protege a los inmigrantes en Estados Unidos de países que han sido golpeados por condiciones extremas, como epidemias, guerras o desastres naturales. Los gobierno anteriores habían optado por extender las protecciones para la mayoría de los países involucrados cada pocos años cuando se sometían a revisión.
Pero la administración Trump avanzó hacia el fin de las protecciones para la mayoría de los inmigrantes bajo el programa, argumentando que las condiciones iniciales que las requerían ya no están presentes.
Los demandantes en el caso, sin embargo, argumentaron que la decisión de la administración Trump de terminar el programa era “ilegal” y podría causar perjuicios a los hijos ciudadanos estadounidenses de los titulares de TPS.
Durante más de un año, la administración y los abogados de Biden han estado involucrados en negociaciones de acuerdos para brindar protección a los inmigrantes de los seis países, pero se desmoronaron esta semana.
“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en Estados Unidos durante más de dos décadas. Que corran el riesgo de ser despejados de sus comunidades y familias es cruel e injusto”, dijo Emi MacLean, abogada sénior de la ACLU del norte de California que representa a los demandantes.
El gobierno de Biden ya ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, pero ese no ha sido el caso de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras, dejando a alrededor de 337.000 inmigrantes de esos países en riesgo de deportación si el gobierno no actúa, dicen los abogados.
El caso ahora está activo nuevamente. Sin ninguna acción por parte de la corte o la administración de Biden para brindar protección, cientos de miles de inmigrantes podrían perder el estatus, dijeron los abogados.
