(EFE).- El Gobierno de Pedro Castillo, en Perú, inició este miércoles una nueva etapa con la entrada en funciones del tercer gabinete de ministros en tan solo seis meses de gestión, en medio de cuestionamientos de la oposición que ya anunció que presentará una moción para destituir al presidente.
Tras tomar juramento la víspera, el nuevo equipo ministerial celebró esta tarde el primer Consejo de Ministros, liderado por el congresista y abogado Héctor Valer, cuyo nombramiento atizó polémica tras trascender en la prensa local que fue denunciado por su hija y difunta esposa por violencia familiar.
Valer, quien llegó al Congreso en las filas del partido ultraderechista Renovación Popular, fue elegido por Castillo para reemplazar a la exprimera ministra Mirtha Vásquez, quien renunció el lunes pasado, luego de que el mandatario izquierdista aceptara la salida del exfiscal Avelino Guillén en el Ministerio del Interior.
Ante estas renuncias, el presidente conformó su tercer gabinete desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio, en un intento de acabar con la crisis en el seno de su Gobierno que, según declaró este miércoles el flamante primer ministro, “ya pasó”.Pero la confrontación política con la oposición, que domina el Congreso, parece estar lejos de cesar. Por lo contrario, Renovación Popular ya anunció que presentará una moción de destitución contra Castillo por considerar que este se ha “burlado del país” y no tiene “competencias” para mantenerse en el cargo.
Este anuncio se suma al de una acusación constitucional que anticipó el martes la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, quien ya fue autora, en noviembre pasado, de una primera moción que planteó destituir al mandatario y que fracasó tras quedarse a seis votos de conseguir los 52 necesarios para ser admitida a trámite en el pleno.
También la agrupación derechista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, adelantó que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete en el Parlamento, mientras que el centro-liberal Partido Morado, hasta hace poco simpatizante del régimen de Castillo, aseguró que si el presidente “no resuelve la crisis, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia”.
MINISTROS CUESTIONADOS
Entre los nuevos rostros del Ejecutivo más cuestionados figura el propio Valer, luego de que medios locales difundieran una resolución judicial que en 2017 dictó medidas de protección a favor de su fallecida esposa, Ana María Montoya, quien lo había denunciado un año antes junto a su hija Catherine Valer por violencia física.
También resultaron controvertidas las designaciones de los titulares de las carteras del Interior y de la Mujer, Alfonso Chávarry y Katy Ugarte, respectivamente.
Sobre el primero pesan supuestas acusaciones por presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas, algo que él mismo negó este rotundamente miércoles en declaraciones a la prensa.
A Ugarte, una de las cuatro únicas mujeres que integran el nuevo gabinete, se la critica por haber sido declarada en septiembre pasado “reo cantumaz” por el Poder Judicial por no presentarse a una audiencia por una acusación de difamación agravada.
“Tenemos un gabinete tras el telón y el que sale ante el público. El caso de Katy Ugarte es preocupante porque es reo contumaz, en el caso de Chávarry me preocupa porque tiene vínculos con el narcotráfico (…). Es un gabinete parchado, para salir de una emergencia”, aseveró la congresista Norma Yarrow, de Avanza País.
La también legisladora Flor Pablo, del Partido Morado, criticó en declaraciones a Exitosa a este nuevo equipo “dogmático y conservador”, en el que “se junta la extrema derecha y la extrema izquierda”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que invocó a Castillo a reconsiderar la designación de Valer por sus “antecedentes por violencia contra las mujeres y el grupo familiar”, así como del docente Wilber Supo Quisocola como ministro del Ambiente.
El órgano consideró que Quisocola “no tiene formación ni experiencia requerida para desempeñarse con idoneidad en dicha función”, y menos aún considerando el contexto de la tragedia ambiental que afronta el país tras el derrame de petróleo ocurrido en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima.
