Santo Domingo, D. N. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, auspicia la corrupción en las instituciones del Estado, con las que ha firmado convenios para su desarrollo institucional, asumiendo el organismo especializado de la Naciones Unidas, las funciones de compras y contrataciones de bienes y servicios, el reclutamiento de recursos humanos, el control interno y externo, así como la construcción de obras de infraestructura, constituyendo esa práctica, una delegación de funciones, por parte de los responsables de los entes públicos, entre los que se encuentran: el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el ministerio de Interior y Policía, el ministerio de Turismo, ministerio de la Presidencia, ministerio Administrativo de la Presidencia, ministerio de Educación y el Defensor del Pueblo.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, dijo que luego de advertir la irregular práctica, en el año 2020, formularon una opinión consultiva a la entonces directora del órgano rector de las compras públicas Dra. Yokasta Guzmán, sobre si era conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, respondiendo, que las responsabilidades otorgadas por la Ley a los servidores, no pueden ser delegadas a terceros, que en este caso es el PNUD, cuya misión debería circunscribirse al acompañamiento técnico, conforme lo establecido en el convenio firmado entre el Estado dominicano y la agencia multilateral, en el año 1974.
En los mismos términos se expresó el actual director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, quien emitió una resolución, donde reiteraba a los órganos públicos, donde se establece que son indelegables, las atribuciones de las compras públicas, dispuestas por la ley y le insta, a que se dejarán sin efectos esos contratos con el PNUD.
La práctica no se ha limitado a delegar las compras públicas, contratación de recursos humanos, lo que ha sido utilizado para el manejo de nóminas secretas a través de las que se manejan millones de pesos, la realización de auditorías y supervisión de obras, también han llegado a convenir construcciones de obras de infraestructura, como es el caso de la construcción del local del Defensor del Pueblo, con recursos propios del órgano constitucional.
Eso significa que la Cámara de Cuentas, Compras y Contrataciones Públicas, el ministerio de la Administración Pública y el ministerio de Obras Públicas, no tienen cómo realizar sus labores, ante las instituciones que han optado por convenir con el PNUD, actividades que no forman parte de su naturaleza como agencia internacional, que debe limitarse a un acompañamiento técnico, por lo que no debería mediar el manejo de recursos millonarios como viene ocurriendo en los actuales momentos.
“Si por alguna razón una persona física o jurídica se ve afectada por las actuaciones de una de estas entidades vinculadas al PNUD, no puede recurrir antes las instancias correspondientes, ya que por tratarse de una entidad sujeta al derecho internacional, cualquier reclamo debe canalizarse vía cancillería, ejemplo si se desarrolla un proceso de licitación y una empresa dominicana que participa y se sienta afectada, y recurre ante ese organismo, remite el caso a cancillería.
