Cuando el antecedente policial se presenta como justificación de una muerte, el fichaje adquiere el peso de una condena que ningún tribunal ha pronunciado.
POR RAFAEL MÉNDEZ
Cuando el relato comienza enumerando los delitos atribuidos al muerto y termina con el consabido “intercambio de disparos”, se instala la idea de que el desenlace estaba escrito, como si el expediente policial contuviera una sentencia de muerte que solo faltaba ejecutar. Sin embargo, estar fichado por la Policía no puede equivaler a ingresar en un corredor de la muerte, aunque la reiteración de fallecimientos durante operativos y la forma de explicarlos parecen acercarnos a esa peligrosa percepción.
Según reportes de medios locales, 104 personas murieron entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de 2026 en hechos presentados por la Policía como intercambios de disparos, y otras siete fallecieron en intervenciones entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en distintos puntos del país. Esa continuidad obliga a esclarecer cada caso, porque ni los antecedentes ni la gravedad de las acusaciones explican, por sí solos, por qué una intervención terminó con una vida.
De ahí que la imagen del corredor de la muerte exprese una denuncia sobre el riesgo de convertir el señalamiento policial en condena anticipada. En los países que aplican la pena capital, el condenado llega a ese lugar después de un proceso judicial; aquí, donde la Constitución prohíbe la pena de muerte, resulta inadmisible que la condición de «fichado» prepare a la sociedad para aceptar una muerte sin exigir esclarecimiento, como si buscar a alguien autorizara también a ejecutarlo.
Matar al delincuente no mata la delincuencia, y aceptar que el expediente justifique la muerte debilita la justicia que debe protegernos a todos. La Policía está llamada a detener y poner a disposición de los tribunales a quienes persigue, mientras la sociedad debe exigir que ninguna ficha funcione como sentencia capital. De lo contrario, habremos aceptado que el fichaje se convierta en la crónica de una muerte anunciada, donde el señalamiento anticipa el desenlace y la indiferencia pública ayuda a consumarlo.
Cuando la ficha sustituye al juicio
Un registro policial no equivale a una sentencia, del mismo modo que una orden de arresto autoriza a detener a una persona para ponerla a disposición de la justicia, sin convertirla en un blanco al que deba eliminarse. Incluso quien ha sido condenado conserva derechos, por lo que la peligrosidad atribuida al perseguido no releva a las autoridades de explicar su actuación. El expediente puede orientar una investigación, pero nunca sustituir la prueba sobre las circunstancias de una muerte.
Sin embargo, cuando el parte insiste en que el fallecido «tenía ficha», acumulaba denuncias o era buscado por hechos estremecedores, esas informaciones pueden terminar funcionando como una respuesta a una pregunta distinta: si merecía morir. Así se desplaza la atención desde la conducta de quienes participaron en el operativo hacia la reputación del muerto, y el rechazo que provocan los delitos atribuidos amenaza con clausurar las preguntas que deberían abrir una investigación independiente.
A ese desplazamiento puede contribuir el tratamiento periodístico cuando los apodos sustituyen los nombres y la noticia reproduce las acusaciones sin distinguirlas de hechos comprobados. «El Gordo», «El Gordito» y «Trenzas» aparecieron en titulares de medios locales sobre muertes recientes, pero detrás de esas denominaciones había personas cuya identidad no se agota en una etiqueta. El apodo puede servir para identificarlas; utilizado para ridiculizarlas o deshumanizarlas, facilita que el público contemple su muerte con indiferencia.
Por eso, el periodismo tiene una responsabilidad que conozco desde las iniciativas sobre información policial que impulsamos durante mi gestión al frente del Colegio Dominicano de Periodistas: contrastar las versiones, precisar quién acusa y evitar que los antecedentes se conviertan en una explicación automática del desenlace. Informar sobre la gravedad de un crimen exige rigor, y ese mismo rigor obliga a preguntar qué ocurrió durante el operativo, qué pruebas existen y quién verificó la versión difundida.
La dignidad no queda en el expediente
Asimismo, los barrios empobrecidos no pueden convertirse en espacios donde el derecho a un proceso dependa de los recursos, las relaciones o la capacidad de conseguir un abogado. Allí también viven las víctimas de los atracos y los asesinatos, cuyo miedo merece respuestas eficaces, pero ese dolor no autoriza a prescindir de la justicia. Si el fichaje comienza a percibirse como anuncio de muerte, la protección de la ley se vuelve incierta precisamente para quienes más la necesitan.
El Ministerio Público debe esclarecer cada fallecimiento mediante investigaciones independientes y evidencias verificables, mientras las autoridades deben rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y los medios dar seguimiento a sus resultados. Esto exige determinar en cada caso si existió una amenaza que justificara la actuación, sin absoluciones ni condenas automáticas, porque la dignidad humana no desaparece por delinquir y tampoco puede quedar condicionada a la simpatía que despierte el fallecido o al desprecio que provoque su conducta.
