Durante décadas, la República Dominicana miró con distancia el colapso del sector arrocero. Allí, el abuso imperial y la promesa de alimentos baratos forzaron una apertura comercial que debilitó a los productores nacionales y profundizó la dependencia del exterior.
Lo anterior no es una opinión. El 10 de marzo de 2010, ante el Senado estadounidense, Clinton admitió que la política de los países ricos de vender alimentos a los pobres para que abandonaran su producción y pasaran a la industrialización había fracasado.
Hoy, con el Decreto 635-26, firmado el 9 de septiembre de 2026, ha comenzado ese “fenómeno”. No estamos diciendo que República Dominicana está condenada a repetir la tragedia haitiana, pero ha dado el primer paso en una dirección cuyo desenlace ya conoce.
Haití: un recordatorio breve pero suficiente
La liberalización haitiana comenzó en 1986 y para finales de 1994 y 1995, Haití había reducido el arancel del arroz del 50 % al 3 %. La producción nacional pasó de 180,000 toneladas anuales a 105,000 en apenas una década, una caída del 42 %. Las autoridades haitianas ejecutaron la reforma; Oxfam documentó la fuerte presión de Estados Unidos y del Banco Mundial sobre la apertura.
Para finales de los noventa, las importaciones cubrían dos tercios del consumo. Bill Clinton se disculpó, pero no ante el pueblo haitiano; lo hizo ante el Senado estadounidense, precisamente después de que el terrible daño ya estaba consumado.
Hoy Haití importa alrededor del 90 % de su arroz. El debilitamiento de su capacidad productiva agravó la dependencia y la vulnerabilidad. La lección es clara: cuando un país abandona su producción de alimentos básicos, la factura social llega y llega con toda su fuerza destructiva y empobrecedora.
No fue una competencia entre iguales. El pequeño agricultor haitiano enfrentaba dificultades en el riego, el acceso al crédito, la maquinaria y la comercialización. Enfrente tenía una agricultura estadounidense con apoyo estatal y una cadena exportadora mucho más poderosa. Oxfam identificó la competencia del arroz importado, comercial y de ayuda alimentaria, como un factor del retroceso de la participación nacional.
El Banco Mundial reconoció ambos efectos y constató que las reformas haitianas no habían producido aumentos generales de ingresos ni reducciones de la pobreza.
Un arroz más barato puede aliviar a una familia. La pérdida de su trabajo puede impedirle comprarlo.
Cuando una familia deja de cultivar, el costo recae sobre el jornalero, el molino, el transportista y el comercio de la comunidad. La factura social no aparece completa en el precio del saco de arroz importado, ni figura el costo de la pérdida de la soberanía alimentaria.
República Dominicana: el peligro todavía puede evitarse
Antes de la apertura comercial de 1986, Haití era prácticamente autosuficiente en arroz. Prácticamente la misma situación por la que atraviesa la República Dominicana actualmente: el USDA proyectaba en abril una producción dominicana de 675,000 toneladas de arroz elaborado para 2026–2027, frente a un consumo de 720,000 toneladas. Es una capacidad nacional considerable que debemos preservar para no situarnos en una dependencia comparable a la haitiana.
Pero el Decreto 635-26 retiró el régimen especial de protección sin establecer en su texto una alternativa ni compensaciones. Y el 6 de octubre, según un comunicado de la Presidencia, ADOFA (la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz) todavía desconocía el mecanismo que se establecería para proteger al sector.
El Gobierno está invocando el DR-CAFTA y ofreciendo modernización. Prácticamente lo mismo que le “ofrecieron” al pueblo haitiano. Y es cierto, el calendario comercial existe; también existe Pronamec, anunciado con más de RD$200 millones para distintos cultivos. Lo pendiente es demostrar qué apoyo específico llegará a los arroceros, cuándo y con qué resultados. [11][12]
Abinader debe presentar garantías verificables: crédito oportuno, riego, mecanización accesible, comercialización justa y protección de los ingresos ante una transición que afecte las cosechas. Debe publicar los fundamentos técnicos de la derogación y explicar qué se negocia con Washington.
Los dominicanos debemos defender al productor y al consumidor juntos. No queremos comida cara ni campos abandonados. Queremos alimentos accesibles, trabajo digno y capacidad nacional para producirlos.
Clinton reconoció el error cuando el daño ya llevaba años. No esperemos a que otro presidente pida perdón por haber debilitado el arroz dominicano.
República Dominicana tiene la capacidad productiva, la experiencia y el tiempo —todavía— para decidir qué quiere ser: un país que alimenta a su pueblo o un país dependiente de quien le venda la comida “barata”. La elección no es técnica. Es política, y es ahora.
Por Felipe Lora Longo
