El expresidente Joaquín Balaguer, conocido como el “presidente constructor”, solía insistir en una idea que todavía conserva vigencia: en República Dominicana se ha tenido la mala costumbre de invertir grandes cantidades de dinero en construir obras para luego dejarlas deteriorar por falta de mantenimiento, cuando muchas veces pequeñas reparaciones a tiempo pueden evitar mayores gastos.
Al observar las condiciones del área de servicio al cliente de la Junta Electoral de Santo Domingo Este, es inevitable recordar aquella reflexión.
Durante meses, este espacio presenta un deterioro visible. Las paredes necesitan mantenimiento, algunos asientos muestran signos de descuido y, en plena zona donde esperan los ciudadanos, permanece un hoyo en el piso que he observado personalmente en varias ocasiones, separadas por meses.
Lo preocupante no es solamente que exista el desperfecto, sino que permanezca durante tanto tiempo sin que aparentemente nadie haya dispuesto su reparación.
Y estamos hablando de un centro que recibe diariamente a numerosos ciudadanos que acuden a gestionar actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, certificaciones, duplicados de cédulas y otros servicios del Registro Civil y de identificación, lo que se traduce en ingresos millonarios.
Muchos de estos servicios tienen un costo para el ciudadano. La Junta Central Electoral establece tasas para diferentes documentos y trámites, incluidos servicios relacionados con las actas, certificaciones, duplicados y matrimonios.
Entonces surge una pregunta elemental: ¿cómo es posible que un centro que ofrece tantos servicios y genera recursos para la institución permanezca durante meses con problemas tan básicos de mantenimiento?
No estamos hablando de construir un nuevo edificio ni de realizar una remodelación millonaria. Estamos hablando de reparar un hoyo, sustituir una losa, pintar una pared, reparar algunos asientos y garantizar condiciones dignas y seguras para los ciudadanos.
Tampoco corresponde afirmar, sin evidencia, que esos recursos sean administrados directamente por la Junta Electoral de Santo Domingo Este o que algún funcionario se apropie de ellos. Lo que sí resulta legítimo es preguntar cómo se administran esos ingresos y cuánto se destina al mantenimiento de los espacios donde se prestan los servicios.
Una institución pública no termina su responsabilidad cuando entrega un documento o realiza un trámite. También debe procurar que el ciudadano sea atendido en un lugar digno, seguro y adecuado.
Balaguer dejó, más allá de las valoraciones sobre su gestión, una preocupación válida: las obras necesitan mantenimiento para conservarse.
Por eso, el llamado es a las autoridades de la Junta Central Electoral para que miren hacia Santo Domingo Este y atiendan este centro de servicios.
Porque un hoyo en el piso puede parecer un problema pequeño. Pero cuando permanece durante meses sin reparación, ya no habla solamente de una losa deteriorada; habla de falta de mantenimiento y de atención al ciudadano.
A veces, conservar una obra pública comienza simplemente por reparar a tiempo aquello que se ha dañado.
Sobre el autor
Edwin DeLaCruz es periodista y abogado con una trayectoria dedicada a la comunicación y la promoción de la justicia social. Su trabajo combina la cobertura informativa con un profundo compromiso con los derechos humanos y la defensa de la dignidad de las personas.
A lo largo de su carrera ha mostrado un alto interés en la lucha por los derechos laborales y en visibilizar las causas sociales que fortalecen la equidad y la protección de los más vulnerables. Su enfoque periodístico busca generar conciencia, fomentar el respeto y promover un diálogo ético en torno a temas de relevancia social y humana.
