El abogado y sociólogo critica que los legisladores usaran el «vacatio legis» para hacer modificaciones en lugar de educar al pueblo, y alerta sobre la nueva responsabilidad penal de las empresas.
SANTO DOMINGO: El abogado y sociólogo Víctor Mateo Vásquez, sostuvo que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano generará un impacto directo en el sistema penitenciario que obligará al Gobierno a construir nuevas cárceles para responder al nuevo marco jurídico.
Al ser entrevistado en el programa A Diario por la emisora Space 89.3 FM (Grupo RCC Media), el jurista criticó que el periodo de vacatio legis se utilizara para negociar modificaciones de última hora bajo la presión de grupos de influencers, en lugar de priorizar una campaña de educación ciudadana.
Crítica al proceso y confianza en Milton Ray Guevara
Mateo Vásquez, lamentó que, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial capacitaron a parte de su personal, la población general se quedara sin conocer el contenido de la ley aprobada el 3 de agosto de 2025.
«El vacatio legis no es para estar haciendo modificaciones. Los mismos legisladores comentan que es para eso y no es así», afirmó el profesional del derecho. Sin embargo, mostró confianza en la comisión oficial al asegurar que un hombre serio como Milton Ray Guevara «no va a permitir que lo cojan de relajo» y que el proceso tendrá un punto de orden definitivo.
Alerta al sector empresarial: llega el ‘Compliance’
Uno de los puntos más críticos señalados por el experto es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya entrada en vigor fue diferida para tres meses después de la publicación de las modificaciones. El jurista advirtió que el fin de la persecución exclusivamente individual obligará a las empresas dominicanas a transformar su estructura operativa.
«Ahora la propia empresa puede ser pasible de sanción económica y de inhabilitación», explicó Mateo Vássquez. Detalló que las corporaciones deberán adoptar programas de cumplimiento (compliance), reglamentos éticos y protocolos estrictos para evitar comprometer la responsabilidad penal de la organización, sus marcas y sus activos materiales e intangibles.
