En un contexto global marcado por conflictos armados, persecuciones y los crecientes efectos del cambio climático, República Dominicana ha manifestado su compromiso con la protección internacional de refugiados y desplazados internos. Durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el país caribeño votó a favor de la resolución A/C.3/80/L.23, titulada «Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados» (ACNUR). Este respaldo, enmarcado en el Octogésimo Período de Sesiones de la Tercera Comisión, subraya la urgencia de soluciones duraderas ante una crisis humanitaria que afecta a millones en el mundo.
La resolución, adoptada por consenso en la Tercera Comisión el pasado 3 de noviembre de 2025, expresa profunda preocupación por el aumento de desplazamientos forzados debido a guerras, violaciones de derechos humanos y desastres ambientales. Según el documento oficial de la ONU, el número de personas refugiadas y desplazadas ha superado los 120 millones a nivel global, con un impacto desproporcionado en países en desarrollo como los del Caribe. República Dominicana, como signataria de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, se alinea con esta agenda al promover el principio de no devolución y el reparto equitativo de responsabilidades entre naciones.
El voto dominicano: Un compromiso histórico con la solidaridad internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) confirmó el voto favorable de la delegación dominicana, destacando que esta posición es coherente con la tradición del país en foros multilaterales. «República Dominicana reafirma su solidaridad con las víctimas de conflictos y desastres, mientras fortalece sus propias capacidades para gestionar migraciones humanitarias», indicó un portavoz del MIREX en exclusiva para Tu República. Este respaldo no implica una política de «puertas abiertas» inmediata, pero sí un llamado a invertir en prevención y resiliencia, especialmente ante los riesgos climáticos que amenazan a la región.
El documento, patrocinado por 40 naciones incluyendo Alemania, Brasil, Canadá y España, acoge el informe anual del ACNUR (A/80/12) y urge a los Estados a aumentar la financiación flexible para operaciones humanitarias. En particular, se condena la violencia contra trabajadores humanitarios y se enfatiza la protección de grupos vulnerables como mujeres, niños y personas con discapacidades. Para el Caribe, esto representa un marco vital, ya que huracanes y sequías han desplazado a miles en los últimos años.
Desplazados por cambio climático: El nuevo rostro de la crisis migratoria
Uno de los aspectos más destacados de la resolución es su enfoque en el desplazamiento climático, un tema de creciente relevancia para República Dominicana. El texto expresa alarma por cómo el calentamiento global, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad impulsan migraciones forzadas, afectando especialmente a pequeños Estados insulares y naciones en desarrollo. «Los efectos adversos del cambio climático, como inundaciones y tormentas intensas, contribuyen a un aumento en los desplazamientos, exacerbando la vulnerabilidad de las personas en situación de riesgo», se lee en el preámbulo.
En el contexto dominicano, este punto resuena con fuerza. El país, expuesto a huracanes como Fiona en 2022 y el reciente impacto de tormentas tropicales en 2025, alberga actualmente a más de 229,000 personas en necesidad de protección internacional, según datos del ACNUR. La resolución exhorta a medidas de adaptación, como alianzas para energías renovables y el Fondo de Resiliencia Climática, promoviendo soluciones locales que eviten flujos masivos de refugiados. Expertos locales, como el director de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), enfatizan que este voto fortalece el sistema nacional de asilo, reactivado en 2023 para procesar solicitudes pendientes desde hace una década.
Implicaciones para República Dominicana: Entre solidaridad y soberanía
Aunque el voto no obliga a una «recepción masiva de refugiados» –como algunos titulares sensacionalistas podrían sugerir–, sí posiciona al país como actor clave en el Pacto Mundial sobre Refugiados de 2018. Este acuerdo, respaldado por la resolución, busca un reparto más justo de cargas entre naciones ricas y en desarrollo. Para República Dominicana, que ya acoge a refugiados venezolanos y haitianos, esto podría traducirse en mayor apoyo técnico del ACNUR para programas de integración, educación y empleo.
Sin embargo, el gobierno dominicano mantiene un equilibrio entre generosidad y control migratorio. «Nuestra política prioriza la seguridad nacional y la integración sostenible, sin comprometer recursos locales», aclaró el MIREX. En los últimos años, el país ha naturalizado a cientos de personas apátridas de origen haitiano, un avance elogiado por el ACNUR en 2023.
Hacia un futuro de soluciones duraderas
La aprobación de la A/C.3/80/L.23 no solo valida el rol del ACNUR, sino que insta a la comunidad internacional a abordar las causas raíz de los desplazamientos: conflictos, pobreza y cambio climático. Para República Dominicana, este voto refuerza su imagen como nación proactiva en derechos humanos, alineada con su membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2024-2026).
A medida que la crisis global se intensifica –con alertas de la ONU sobre una brecha de financiación de 40% en 2025–, el compromiso dominicano podría inspirar a otros países caribeños. ¿Significa esto una apertura mayor a refugiados climáticos? Los analistas coinciden: es un paso simbólico, pero esencial, hacia un mundo más equitativo.
