Miami, Florida- Una nueva arista se suma a la polémica generada por un Consulado Dominicano, luego de que se confirmara que esa sede diplomática ofrece servicios de gestión de apostillas de documentos estadounidenses, una función que no le corresponde legalmente y que, además, coloca a la institución en el centro de una denuncia por competencia desleal y posible corrupción administrativa.
Violación al principio diplomático de no ejercer actividades comerciales
El artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) establece claramente que “las oficinas consulares no deberán ejercer en el Estado receptor funciones distintas de las consulares, ni dedicarse a actividades de carácter comercial o profesional con fines de lucro.”
Sin embargo, al ofrecer servicios de tramitación de apostillas —por los cuales se cobran tarifas y se manejan documentos privados de ciudadanos—, el consulado estaría actuando como un negocio dentro del territorio estadounidense, compitiendo directamente con empresas privadas establecidas que pagan impuestos, tienen licencias operativas y cumplen las leyes locales.
Juristas consultados advierten que esta práctica no solo contradice el espíritu de la Convención de Viena, sino que también rompe con los principios de transparencia y neutralidad que deben regir toda misión diplomática.
Competencia desleal contra el sector privado
En el sur de la Florida existen decenas de empresas legalmente constituidas que brindan servicios de traducción, gestión documental, apostillas y trámites internacionales, operando bajo las regulaciones estatales y federales de los Estados Unidos.
Estas empresas pagan impuestos, alquilan locales, emplean personal y cumplen con los requisitos legales para realizar esas gestiones ante las autoridades estadounidenses.
La intervención del consulado dominicano en ese mismo mercado, ofreciendo los mismos servicios sin estar sujeto a la carga impositiva ni a la supervisión comercial de las leyes locales, representa una forma de competencia desleal y una distorsión del libre ejercicio empresarial.
Un servicio que se disfraza de “ayuda”
Aunque el consulado ha declarado que actúa “solo como intermediario” para enviar documentos al Departamento de Estado o a las Secretarías de Estado correspondientes, esa explicación no elimina la irregularidad.
En la práctica, el consulado cobra por un servicio administrativo ajeno a sus competencias, utilizando instalaciones, personal y recursos diplomáticos para realizar gestiones propias de una agencia privada.
Expertos en relaciones internacionales señalan que esa actuación constituye un uso indebido de los privilegios consulares y una posible forma de corrupción institucional, al emplear una entidad pública extranjera para lucrar en actividades privadas dentro del país anfitrión.
Impacto económico y ético
Esta práctica no solo daña la confianza en la representación diplomática dominicana, sino que también afecta directamente a los emprendedores y empresas dominicanas y latinas en Miami que dependen de ese tipo de servicios.
Mientras estos negocios pagan licencias, seguros y tributos locales, el consulado opera sin rendir cuentas fiscales ante el gobierno estadounidense, aprovechando su inmunidad diplomática.
Además, surgen preguntas sobre el destino de los fondos cobrados por estos servicios y si son debidamente reportados al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX), o si se manejan de manera discrecional dentro de la misión.
Llamado a las autoridades
Empresarios y líderes comunitarios han solicitado una investigación formal al MIREX y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para determinar si la actuación del consulado viola la Convención de Viena, la Convención de La Haya sobre Apostillas (1961) y las leyes comerciales estadounidenses.
Además, piden que se regule y fiscalice cualquier servicio consular que implique manejo de dinero o documentos privados, garantizando que las misiones diplomáticas no operen como negocios dentro del territorio norteamericano.
Conclusión
Lo que comenzó como una supuesta “facilidad para los ciudadanos” hoy se perfila como un caso de competencia desleal y abuso de funciones diplomáticas.
La gestión de apostillas de documentos estadounidenses por parte del Consulado Dominicano en Miami no solo contradice el derecho internacional, sino que atenta contra la ética pública, la libre empresa y el respeto a la soberanía administrativa del país anfitrión.
Mientras el tema sigue escalando, la comunidad espera una respuesta clara y una actuación responsable de las autoridades dominicanas para restablecer la legalidad y la transparencia en la gestión consular.
