Por Jorge Lendeborg
En una administración pública donde muchas veces la inercia, la burocracia o la simple improvisación impiden que los buenos propósitos del presidente Luis Abinader lleguen a materializarse, hay funcionarios que, sin aspavientos mediáticos ni presupuestos millonarios en comunicación, demuestran que sí se puede gobernar con integridad, eficiencia y resultados concretos. Uno de esos funcionarios es, sin lugar a dudas, el actual Ministro de Trabajo, Doctor Eddy Olivares.
Mientras algunos encabezan instituciones como si fueran islas desconectadas del proyecto nacional, y otros apagan fuegos que ellos mismos provocaron con malas decisiones, Olivares ha optado por otro camino: el de la acción valiente, justa y legal. En lugar de escudarse en tecnicismos o en la famosa frase “eso no me corresponde”, ha asumido con compromiso su rol de protector de los derechos laborales en el país.
Hace apenas unos días, transitaba por la intersección de la Avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño, una de las zonas comerciales más caóticas y desreguladas de la capital, cuando observé varios establecimientos cerrados. Pensé, como cualquier ciudadano, en clausuras por evasión fiscal o por algún operativo migratorio. Pero al indagar, descubrí una realidad mucho más significativa: no era clausura, era pausa. Una suspensión temporal por faltas graves cometidas contra trabajadores dominicanos.
Muchos de estos comercios, dirigidos por empresarios, ensu mayoría de nacionalidad china, mantenían prácticas laborales que bordeaban el esclavismo moderno. Jornadas interminables, ausencia de baños adecuados, falta de comedores, negación de días libres y condiciones de trabajo que violentaban toda norma establecida en el Código de Trabajo y los convenios internacionales.
Durante años, esta realidad fue tolerada. Por omisión o por complicidad, las autoridades de turno habían dejado a los trabajadores dominicanos desamparados, sin una vozque los defendiera. Eso cambió con la llegada de Eddy Olivares.
Su gestión no se ha limitado a auditorías o visitas protocolarias. Ha implementado operativos de inspección reales, con consecuencias tangibles para quienes violan la ley. Y lo más importante: ha logrado que el sector privado entienda que los derechos laborales no son un lujo, son un mínimo ético y legal innegociable.
Hoy, muchos de esos mismos negocios han empezado a “poner la casa en orden”. Se están habilitando baños dignos, áreas de descanso ventiladas, comedores para los empleados, y jornadas ajustadas a lo que establece la normativa vigente. No por miedo, sino porque por fin alguien les hace cumplir la ley.
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Olivares, está enseñando algo fundamental: el Estado no tiene porqué ser un espectador pasivo. Puede ser garante, árbitro, defensor de los más vulnerables. Y lo está haciendo sin necesidad de escándalos, sin persecuciones mediáticas, sin populismo.
Por eso, desde esta columna, no solo reconozco su excelente desempeño, sino que lo exhorto a seguir por ese camino. Porque en un país donde la institucionalidad muchas veces ha sido debilitada por intereses particulares, figuras como la suya nos recuerdan que sí se puede servir con dignidad.
Los trabajadores dominicanos, por fin, tienen un Chapulín Colorado. No uno con antenitas de vinil, pero sí con la firmeza de la ley en una mano y la voluntad de cambiarlas cosas en la otra.
Y eso, en estos tiempos, es más que admirable: es urgente.
