Por Edwin DeLaCruz
Periodista, sindicalista y abogado
La cesantía laboral ha sido siempre un pilar esencial para la protección de los trabajadores en momentos de despido, permitiéndoles enfrentar la incertidumbre económica que trae la pérdida de empleo. Este derecho no solo resguarda la estabilidad económica del trabajador, sino que también le ayuda a cumplir con sus responsabilidades familiares y gastos fijos. Por esta razón, su eliminación o sustitución afectaría gravemente a las familias trabajadoras, incrementando la desigualdad y la precariedad.
Recientemente, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, propuso la creación de un Fondo General de Auxilio de Cesantía, financiado con los recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), como sustituto de este beneficio. Aunque a primera vista suena como una solución viable, en realidad pone en peligro un derecho fundamental de los trabajadores. Este fondo, que no garantizaría una compensación similar a la cesantía, diluiría temporalmente los problemas estructurales de las empresas sin abordar la verdadera inseguridad laboral que afecta a los empleados.
Las declaraciones de Ulloa parecen contradecir su rol de defensor de los derechos de la población, favoreciendo a las empresas, especialmente a las pymes, al ofrecerles liquidez, pero dejando de lado la protección efectiva de los trabajadores. La propuesta de un fondo administrado por desde el Idoppril no solo genera incertidumbre, sino que también pone en riesgo las condiciones de los empleados, quienes verían sus garantías laborales reducidas.
El Defensor del Pueblo debería centrarse en asegurar que los trabajadores mantengan sus derechos intactos, ya que la cesantía laboral no es un lujo, sino una necesidad en una economía globalizada. En lugar de sustituirla por soluciones temporales como el fondo propuesto, es necesario fortalecer las políticas de protección social, asegurando que las empresas cumplan con sus responsabilidades sin recortar derechos esenciales.
En resumen, la cesantía laboral es un derecho irrenunciable que no puede ser negociado ni reemplazado por un fondo que no ofrezca las mismas garantías. Las declaraciones de Pablo Ulloa muestran una desconexión con las realidades de los trabajadores, al sugerir que un fondo insuficiente puede resolver la incertidumbre laboral. La seguridad laboral debe ser una prioridad, y la defensa de los derechos laborales es esencial para construir un futuro más justo y estable para todos.
