BARAHONA.- La familia Féliz Carrasco, herederos de una gran porción de terrenos a la salida de Barahona hacia la costa, solicitó al juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Instancia, magistrado Manuel Emilio González, no dejarse confundir por los que llamó “usurpadores e invasores” que por décadas han luchado, usando todo tipo de artimañas, para despojarlos de su propiedad.
La representante de los 15 hermanos hijos de María Carrasco y Domino Féliz, Elizana Féliz Carrasco, acusó a Andrés Medrano Heredia, Freddy Nelson, Ernesto Féliz Méndez, Lidia Muñoz, entre otros, de someter por ante el magistrado González, más de una docena de acusaciones en su contra, y a pesar de ser favorecida, continúan con el mismo mecanismo.
“El magistrado Manuel Emilio González, es un hombre serio, un hombre honesto, con una buena hoja de servicio como juez en la provincia de Barahona, pero al parecer, Medrano Heredia, Freddy Nelson, Ernesto Féliz Méndez y Lidia Muñoz, entre otros, se la quieren embarrar, se la quieren ensuciar y desde hace mucho tiempo, están forzando para que cambie a su favor las sentencias que ha evacuado a favor de nosotros, porque somos los verdaderos dueños de esos terrenos, porque somos quienes tenemos los papeles dejados por nuestros padres”, expresó Féliz Carrasco.
La representante de la familia propietaria de los predios, confió que, en otra de las tantas audiencias, a realizarse el 15 de febrero, el magistrado Manuel Emilio González, continuará como buen representante judicial, porque no va a variar resultados de sentencias que él mismo ha tomado en contra de los invasores de terreno en Barahona.
En el 2024, Andrés Medrano Heredia, comenzó un festival de demandas, con la petición de desalojo por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de Barahona, y el 31 de enero, a la empresa Belfond Enterprise, y su gerente general, Timothy Charles David.
En la audiencia, Medrano Heredia tenía como abogados a Freddy Néstor Medina Cuevas, Ernesto Féliz Méndez, y Lidia Muñoz, en representación de Ramón Emilio Ogando Encarnación.
Como intervinientes voluntarios, según el documento, estaban Milciades Féliz Encarnación, en representación de Luis Ernesto Féliz, Luis Miguel Vargas Dominici y el propio Milciades.
Luego de más de tres audiencias, el magistrado González, rechazó la petición de desalojo a la Belfond Enterprise, instalada en terrenos propiedad de la familia Féliz Carrasco, alquilados con opción a compras, en el chequeo militar de la carretera Barahona-Enriquillo, hacia Santa Elena.
Los argumentos de Medrano Heredia de que estaba intervenido quirúrgicamente de corazón abierto, que era ciudadano americano y que había usado RD$23 millones para comprar tierras, pero sin presentar un papelito, no convencieron al magistrado González.
Medrano Heredia, en audiencia, alegó que compró tierras a más de 15 personas, entre ellos, hasta a su propio abogado, Féliz Encarnación, pero cuando el magistrado le preguntó si tenía título, le dijo que no, porque “nadie tiene título de esas tierras”.
El magistrado González, pregunta a Medrano Heredia, además, sobre la cantidad de terreno que tiene, pero éste respondió, que, “no tengo conocimiento, porque tengo bastante terreno ahí”.
El 31 de enero del 2024, la demanda de desalojo a la Belfond Interprise de parte de Medrano Heredia, se conocía a través del expediente 2023-0039313.
Medrano Heredia, según documentos, desconoce los linderos de por donde pasa su propiedad, no tiene conocimiento de la cantidad de terreno que dice tener, pero tampoco presenta compras originales, de las más de 15 personas que presuntamente les ha comprado.
El 12 de septiembre pasado, el magistrado González, conocía una demanda en validez, interpuesta por Medrano Heredia contra la Belfond Enterprise, que, en todo proceso la minera, tuvo la representación de los abogados Lino Gómez Pérez y José Alejandro Jáquez.
Los abogados del demandante, Medina Cuevas y Féliz Méndez, solicitaron suspender la audiencia, para intimar al Banco Popular Dominicano, para que entregue “carta declarativa que en virtud del CPC le obliga hacerlo en un plazo de seis días franco”.
Gómez Pérez y Jáquez dijeron que no se oponían a la petición de la parte demandante, pero solicitó al magistrado González “rechazar el pedimento el pedimento de la contraparte, a los fines de hacer depósito de documentos y en consecuencia, conmine a las partes a concluir el fondo”.
El juez suspendió la audiencia “a fin de prorrogar la comunicación de documentos para las partes, rechazando conclusiones de la parte demandada”.
El 13 de septiembre, en la solicitud de una demanda en nulidad, luego de solicitudes de los abogados de ambas partes, el magistrado González, “suspende el conocimiento de la presente audiencia a los fines de la parte demandada declarar y asistirse de un intérprete judicial o traductor judicial, a la vez prorrogar la comunicación de documentos a la parte interviniente y la presentación de testigos de todas las partes en este proceso, incluyendo el interviniente en la comparecencia personal”.
El nueve de octubre, a petición del abogado Gómez Pérez, debido a fusión de dos expedientes dentro del cual estaba esa demanda en validez, fue suspendida para el 13 de noviembre, por el magistrado González.
Otra audiencia fue cancelada y programada para el 15 de febrero de este año 2025.
