La Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI) ha señalado al Ministerio de Medio Ambiente como el principal responsable de los significativos retrasos en la entrega de permisos para la construcción de viviendas en varias provincias del país. Según Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, la demora en la gestión de estos permisos se ha extendido hasta seis meses, en contraste con los 15 días que solía tomar anteriormente.
Meléndez advirtió que esta ineficiencia burocrática está costando a la economía dominicana alrededor de RD$45,000 millones y 60,000 empleos al año. En una rueda de prensa, la directiva de ACOPROVI hizo un llamado a las autoridades para solucionar esta situación, ya que la prolongación del problema podría afectar gravemente el crecimiento del sector de la construcción y aumentar el déficit de viviendas, que actualmente se aproxima a 1.4 millones de unidades.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha afirmado que ha implementado varias medidas para agilizar los procesos de permisos ambientales, incluyendo la reducción de los tiempos de espera a través de una plataforma digital. Según el ministro Miguel Ceara Hatton, se han reducido los plazos para proyectos de categoría A de 190 a 120 días, y para proyectos de categoría D de 30 a 15 días. Además, se ha enfatizado la importancia de la transparencia y la trazabilidad de los procesos para mejorar la eficiencia y minimizar las malas prácticas.
A pesar de estas mejoras anunciadas, el sector de la construcción sigue enfrentando desafíos significativos debido a la incertidumbre política, económica y social que prevalece en el país y en el mundo. Esta situación afecta la confianza de consumidores e inversionistas, reduciendo la demanda de viviendas y complicando la planificación y ejecución de proyectos.
En conclusión, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente asegura haber tomado medidas para agilizar los trámites, la realidad del sector construcción en República Dominicana revela que aún persisten problemas críticos que requieren atención urgente para evitar mayores impactos económicos y sociales.
