Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader instruyó el pasado viernes 14 de abril a Venancio Alcántara Valdez, director general de Migración, para que no admitiese en el territorio nacional a extranjeros que implique amenaza para los intereses e instituciones de la República.
Las personas cuya entrada se prohíbe, de acuerdo a las informaciones de inteligencia, han tenido conflicto con el sistema de justicia de su país, en algunos casos, y con otros ordenamientos, debido a temas como el tráfico de armas, apoyo a las bandas criminales que golpean a Haití, entre otros elementos que justifican la limitación de su acceso al territorio dominicano.
La medida dispone que las autoridades de migración, en aplicación del artículo 15 de la Ley General de Migración, núm. 285-04, y de su Reglamento de Aplicación núm. 631-11, han de impedir el ingreso al territorio nacional de los señores: Youri Latortue; Gracia Delva, Liszt Quitel, Rodolphe Jaar, Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Laurent Salvador Lamothe, Richard Lenine Hervé Fourcand, Rony Celestin, Gary Bodeau, Espérance Pierre, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire y Salim Succar.
También Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Antonio Cheramy (a) Don Kato, Steve Khawly, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day, Romel Bell, Wakin Pierre, Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.
El jefe de Estado, justificó su accionar en lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, texto que le faculta a prohibir, cuando resulte conveniente al interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. Se recuerda que la Ley núm. 285-04, General de Migración, y su Reglamento de Aplicación, permiten impedir el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades competentes, constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y los intereses de la República.
Además, en cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.
La instrucción del presidente se enmarca en una serie de medidas que el Gobierno ha venido tomando con el interés de proteger la seguridad de los habitantes de la República Dominicana.
