Estados Unidos es el país del mundo con el mayor número de inmigrantes: se calcula que actualmente viven allí más de 45 millones de personas que nacieron en otro país.
Mientras que un 23% de esas personas se encuentra en una situación irregular —entre 10 y 11 millones de personas—, el 77% restante posee algún tipo de estatus legal: ya sea porque se naturalizaron ciudadanos, porque obtuvieron la residencia permanente o porque obtuvieron la residencia temporal, según indica el Pew Reaserch Center.
Las condiciones de vida en EE.UU. de esas personas se encuentran profundamente marcadas por ese estatus legal, sobre todo después de las leyes federales de bienestar e inmigración del año 1996, que inauguraron una era de restricciones para los inmigrantes. En ese contexto, muchos estados han trabajado para suplir ciertas falencias federales, con políticas inclusivas para que las personas con un estatus migratorio irregular puedan acceder a los programas, beneficios y servicios públicos.
«Al adoptar políticas que crean caminos hacia la prosperidad, en áreas como la matrícula universitaria, las licencias de conducir y el acceso a la atención médica, los estados pueden desmantelar las barreras sistémicas para las personas sin un estatus migratorio documentado y brindarles más oportunidades de contribuir a sus estados, comunidades, y economías», afirma un informe reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.
Tanya Broder, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo a CNN que «más de un tercio de los estados adoptaron al menos una ley o política inclusiva de inmigrantes en 2022. Los gobiernos estatales y locales reconocen cada vez más la necesidad de garantizar que todos los residentes tengan acceso a atención médica, apoyo económico y seguridad laboral”.
Entonces, ¿dónde eligen (o no) vivir los inmigrantes en EE.UU.?
Casi la mitad (45%) están repartidos en apenas tres estados: California (24%), Texas (11%) y Florida (10%). California tuvo la población inmigrante más grande de todos los estados en 2018, con 10,6 millones. Ese mismo año, Texas, Florida y Nueva York tenían más de 4 millones de inmigrantes cada uno. Atrás de Nueva York le sigue el estado de Nueva Jersey.
¿Está la elección del estado de residencia relacionada con las posibilidades que brinda cada legislación estatal?
Licencias de conducir
Varios estados permiten que las personas que no tienen residencia legal en Estados Unidos obtengan licencias de conducir. El requisito es presentar cierta documentación como un certificado de nacimiento extranjero, un pasaporte extranjero o una tarjeta consular y evidencia de residencia actual en el estado.
Esos estados, según datos del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, son California, Colorado, Connecticut, Delaware, la ciudad de Washington, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington. Del otro lado, Texas y Florida, dos de los estados con mayor cantidad de inmigrantes, no ofrecen esa posibilidad.
Entre los estados en los que sí se otorgan los permisos de conducir más allá del estatus migratorio, existen diferentes tipos de licencias. Algunos estados solo ofrecen una licencia restringida —como Hawai—, otros ofrecen licencias que solo son válidas por un año —como es el caso de Utah—, y algunos estados tiene regímenes más amplios y permiten que la licencia también pueda ser utilizada como una forma de identificación —como California—.
Muchos de esos estados implementaron sus leyes después de la aprobación de la Ley REAL ID de 2005, que estableció estándares nacionales para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por cada estado con el fin de dar acceso a vuelos internos y a ciertas instalaciones federales. En la práctica, esto permitió que los estados puedan emitir licencias e identificaciones que no son aceptables con fines de identificación federal pero que sirven para otros fines, muchos de los cuales sirven a los inmigrantes irregulares.
En efecto, esta posibilidad ha beneficiado tanto a los inmigrantes no autorizados como a los estados, debido a que, allí donde se ha implementado, aumentó la seguridad pública de toda la comunidad. Según un artículo del think tank Center for American Progress, esta medida permite que las carreteras sean más seguras y que haya más conductores asegurados. Además, la policía puede mantener sus registros actualizados y utilizar su tiempo de forma eficiente, mientras que las personas que no poseen estatus legal tienen una mayor predisposición para colaborar con las autoridades, al perder el miedo de ser deportados en un control de tránsito, por ejemplo.
