Santo Domingo, República Dominicana.– La Asociación Dominicana de Empresas de Combustibles (ADECOM) expresó su respaldo a la posición de CODOPYME sobre las disposiciones vinculadas a la gestión de residuos sólidos y pidió que cualquier carga económica se defina con criterios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad. La entidad advirtió que el sector opera con márgenes regulados, precios controlados y una estructura fiscal establecida por ley.
Qué plantea ADECOM
ADECOM sostuvo que las políticas públicas en materia ambiental deben diseñarse a partir de análisis técnicos y de impacto económico, con una diferenciación adecuada por sectores, para evitar distorsiones que afecten la competitividad y la sostenibilidad de actividades productivas estratégicas para el país.
Por qué advierte sobre una presión desproporcionada
La asociación explicó que, aunque el sector combustibles registra altos niveles de facturación, su rentabilidad neta es limitada debido a que opera bajo un régimen altamente regulado, con márgenes comerciales previamente establecidos. En ese contexto, señaló que asumir nuevos costos asociados a la gestión de residuos sólidos podría comprometer la viabilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas que integran la cadena de distribución.
ADECOM también subrayó que el precio final de los combustibles ya incorpora múltiples impuestos, tasas y contribuciones, por lo que agregar nuevos cargos podría generar una presión adicional sobre un sector que, según indicó, cumple con sus obligaciones fiscales, ambientales, operativas y de seguridad.
Declaraciones
“El sector de los combustibles tiene un margen regulado. Aunque facturemos mucho, el margen de ganancia es muy mínimo. Asimismo, queremos expresar que ya los combustibles tienen impuestos”, resaltó Ramón García, miembro del Consejo de ADECOM.
Disposición al diálogo
Finalmente, ADECOM reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable, y afirmó que está dispuesta a seguir trabajando junto a CODOPYME, las autoridades competentes y los actores del sector productivo para construir soluciones que concilien los objetivos ambientales con la realidad económica y regulatoria del país.
