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Senado aprueba ley Seguridad Privada

Santo Domingo.  El Senado aprobó  en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley que Regula la Vigilancia y Seguridad Privada, iniciativa  del senador Adriano Sánchez Roa.

La pieza legislativa tiene como objetivo establecer el marco jurídico de la prestación de los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, así como instituir el ente público que tiene a su cargo las actividades de regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios, la cual crea un marco jurídico para los servicios de vigilancia y protección privada, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad electrónica, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, blindaje, servicio de autoprotección y detectives Privados.

Se instituye la Superintendencia como ente público que tendrá a su cargo la regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios, y la que tendrá la autoridad de habilitar a las empresas, y acogiendo el Código de Trabajo  para proteger los derechos de los trabajadores.

Sánchez Roa, proponente de la pieza, explicó que todos los servicios y actividades de vigilancia y seguridad privada, sin excepción alguna, están obligados a contribuir en la preservación de la seguridad ciudadana y del orden público, por lo que tienen que colaborar con la Policía Nacional y demás autoridades, a fin de garantizar la seguridad para la vida y los bienes de las personas.

La Superintendencia contará con una Junta Directiva, como órgano superior, y quedará integrada por cinco miembros con voz y voto: El Ministro de Defensa, quien la presidirá; Ministro de Interior y Policía; Ministro de Trabajo; Procurador General de la República; y el Ministro de Salud Pública. El Superintendente participará, pero sin voto, “No podrán ser directivos, ni empleados de empresas de vigilancia y seguridad privada, miembros activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ni tampoco ex miembros de esas instituciones que hayan sido expulsados de las mismas por faltas en el desempeño de sus funciones o por sentencia condenatoria de los tribunales de la República”, dispone el proyecto.

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