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Piden 18 meses de prisión preventiva contra imputados en caso Coral

SANTO DOMINGO,RD.-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, garantizó este miércoles que el Ministerio Público seguirá realizando todos los esfuerzos necesarios para procesar a todos los implicados en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.

Camacho sostuvo que el Ministerio Público llevará ante los tribunales a “tantas personas como sea necesario” y “las evidencias indiquen que están vinculadas a este entramado de corrupción”.

El Ministerio Público concluyó en horas de la noche con la presentación de la medida de  coerción del Caso Coral y solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los seis involucrados en el expediente.

La prisión fue solicitada en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los representantes del Ministerio Público detallaron parte de los bienes acumulados de forma irregular por los involucrados en el expediente. También hicieron referencia a un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, y el que, según explicaron, pertenece al general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

“Sin embargo, no entendemos por qué disfraza dicha propiedad a través de un contrato de alquiler por el que supuestamente paga tres mil dólares mensuales por una propiedad de uso esporádico”, expuso una de las representantes del Ministerio Público.

La procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pidió al tribunal que proceda a declarar la complejidad del proceso y que imponga la prisión preventiva por 18 meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, San Cristóbal.

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