Episcopado Dominicano pide apoyo a la JCE

Episcopado Dominicano pide apoyo a la JCE

Santo Domingo.DN.- La Conferencia del Episcopado Dominicano en su carta pastoral titulada “Elecciones 2020: espacio de participación y compromiso”, los obispos manifestaron que en la agenda de acciones concretas de los candidatos no debe faltar el combate a la corrupción administrativa pública y privada, la defensa de las dos vidas tanto de la madre como del hijo por nacer, y la violencia ciudadana e intrafamiliar.

Se refirieron también al cambio clímático, el respeto al orden jurídico y constitucional, así como políticas de ordenamiento migratorio, “justas inversiones en salud, justicia y seguridad social, políticas de empleo, salarios justos y la disminución de la pobreza”.

Los prelados recuerdaron a los electos y los que serán elegidos que los cargos públicos son para servir con sobriedad, educación, sensatez, don de gobierno, dignidad, autenticidad, transparencia, sabiduría y régimen de justicia, de modo que, no deben “sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías político”.

En su anual carta pastoral emitida con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el Episcopado señala que la “Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente”, al tiempo que advierten “no se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, sin que se tome acción contra esta infracción electoral”.

Dijeron que “a quienes cuestionan el derecho de la Iglesia a opinar sobre temas políticos o sobre los procesos electorales aclaramos que, como dominicanos y pastores de este pueblo, nos preocupa todo lo referente al ser humano”.

Explicaron que la Iglesia respeta la libertad de elección, que el voto es un derecho y un deber de conciencia que no debe estar motivado por intereses personales y que un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine la ley “por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias.”

Los prelados de la Iglesia católica en la República Dominicana expresaron su deseo de que se logre un pacto nacional entre los líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, “conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de la nación”.

Este año, la CED conmemora el 60º aniversario de la Carta Pastoral publicada en enero de 1960 en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, firmada por los seis obispos de entonces: Ricardo Pittini, Octavio A. Beras Rojas, Hugo Eduardo Polanco, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomás F. Reilly, “en el “ejercicio de su misión profética”.

Vea aquí carta completa

INTRODUCCIÓN

1. Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, como es tradición, presentamos unas líneas doctrinales como pastores del pueblo de Dios. Dada la coyuntura actual del presente año 2020, marcada por un intenso proceso electoral, que inicia con las elecciones municipales de febrero próximo y ha de concluir con los comicios generales de mayo, el tema se impone por sí mismo, pues no se trata de un evento cualquiera sino de la elección, mediante el ejercicio del sufragio, de las nuevas autoridades que dirigirán los destinos del país en el próximo cuatrienio. De ahí la importancia de lograr el éxito de los primeros comicios, para obtener garantías de éxito en los segundos. 2. En este contexto consideramos oportuno retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal. Aquel emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico del acontecer nacional, caracterizado por el sufrimiento generalizado, impuesto por la tiranía, que imperó por tres décadas. Es cierto que vivimos en una época distinta donde, gracias al sacrificio y entrega de muchos 6 dominicanos, se han logrado conquistas apreciables en el ejercicio de las libertades individuales y el desarrollo humano integral, impensables en aquellos días. No obstante, restan aún muchos obstáculos por superar para alcanzar una mejor calidad de vida para todos, y una recomposición social. 3. Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos. En estos dos últimos años nuestros Mensajes del 27 de febrero, han girado en primer lugar, en torno a la impostergable urgencia de vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de nuestra Constitución Dominicana. En segundo lugar, la urgencia de un comportamiento ético en nuestra sociedad, partiendo de los principios exigidos a todo servidor público. 4. De la misma forma se impone un llamado a estudiar y reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos, motivándonos a compartir un mensaje en el cual expresamos nuestras preocupaciones y esperanzas en relación con la presente coyuntura, al tiempo que proponemos algunas ideas y posibles líneas de acción, confiados en que su acogida sirva de aporte en la impostergable tarea de continuar 7 transformando las condiciones de vida del pueblo dominicano y la consolidación de sus instituciones. I. LA CARTA PASTORAL DE 1960, REFERENTE DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA. 5. A finales de 1959, debido a inéditos cambios suscitados en el contexto mundial y regional, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo comenzó a dar señales de agotamiento y decadencia. Parte importante de la juventud dominicana, hombres y mujeres en continuidad con nuestra fecunda tradición libertaria, entregó lo mejor de sus sueños y anhelos en aquellas horas sombrías, abonando con su sangre y sacrificio el difícil camino de la libertad. Como era de esperarse, el régimen despótico recurrió con más intensidad a la violencia y al autoritarismo incrementando la angustia y el desasosiego en la familia dominicana hasta límites insospechados. En el ejercicio de su misión profética los seis obispos de entonces, Ricardo Pittini, Octavio A. Beras Rojas, Hugo Eduardo Polanco, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomás F. Reilly, firmaron la memorable Carta Pastoral de enero de 1960, en cuyo preámbulo hicieron manifiesto que: “Asumiendo la obligación pastoral de cuidar el espiritual rebaño, confiado por la Bondad Divina a nuestra solicitud, no podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos”.1 1. Cf. Conferencia del Episcopado Dominicano, Carta Pastoral en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, 25 de enero de 1960, en: Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (1955-1990), Tomo I, p.39. 8 6. La Carta Pastoral asumió sin reserva la defensa de los derechos humanos, constituyendo así un eco renovado de aquel memorable sermón de Fray Antón de Montesinos. La Carta afirmaba: “cada ser humano, aun antes de su nacimiento, ostenta un cúmulo de derechos anteriores y superiores a los de cualquier Estado. Son derechos intangibles que ni siquiera la suma de todas las potestades humanas puede impedir su libre ejercicio, disminuir o restringir el campo de su actuación.”2 7. La exhortación fue dirigida a las autoridades, puntualizando: “hemos dirigido, en el ejercicio de nuestro pastoral ministerio, una carta oficial a la más alta Autoridad del país, para que, en un plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y devuelta la paz a tantos hogares”.3 8. La Carta de 1960 constituyó para la población atribulada de aquellos días ominosos lo mismo que para la juventud perseguida y torturada que clamaba libertad, un faro de luz y un bálsamo de esperanza. Un innegable referente en la lucha incesante por el respeto y la promoción de la dignidad humana en nuestro país. La conmemoración de los sesenta años de su publicación es ocasión propicia para que todos juntos, más allá de coyunturales diferencias, reafirmemos el compromiso solemne de continuar aportando lo mejor de lo que somos y tenemos en la construcción de una mejor República Dominicana. 2. Cf. Conferencia del Episcopado Dominicano, ob. Cit., pp.40-41. 3. Ibíd., p.43. 9 II. LAS ELECCIONES DESDE LA ÓPTICA DE LA FE. 9. Centramos la atención sobre cómo son vistas las elecciones desde la fe para tener criterios que sirvan a la hora de votar. La autoridad legítimamente constituida viene de Dios, aunque la designación de los que gobiernan se define por la libre decisión de los ciudadanos, quienes están obligados, en consecuencia, a obedecer a la autoridad civil. 10. En tanto, a los electos y a los que serán elegidos recordarles que lo anteriormente dicho no implica sentirse imprescindibles, o llegar a creerse mesías político. La autoridad del mismo Jesús no es un privilegio, es un servicio que supone capacidad para servir, con cualidades específicas como: sobriedad, educación, sensatez, don de gobierno, dignidad, autenticidad y transparencia. 11. Teniendo como referencia estas cualidades, desearíamos ver en todo gobernante: sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación. III. LAS ELECCIONES 2020: ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO. 12. La Iglesia y el proceso electoral. Desde su creación, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) ha puesto atención a los procesos electorales nacionales, defendiendo 10 el rol importante que juegan los partidos políticos en la vida democrática y afirmando que la Iglesia respeta la libertad de elección. En varios momentos nos hemos referido a la participación de los fieles en la política como un deber ciudadano, y al imperativo de optar por las propuestas que defiendan una auténtica agenda nacional. Reafirmamos que el voto es un derecho y un deber de conciencia que no debe estar motivado por intereses personales.4 Exhortamos a votar por personas honestas que ofrezcan garantías de futuro a la patria, por partidos que defiendan la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, y que custodien los valores supremos de nuestra Nación, ya citados en el Preámbulo de la Constitución Dominicana: “…estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana…”.5 13. En estos 58 años de construcción democrática, hemos tenido la amarga experiencia de procesos electorales traumáticos, que han afectado el orden político y económico, la tranquilidad y progreso del país. Al mismo tiempo, hemos visto el avance del sistema electoral dominicano que se ha ido fortaleciendo. De frente a 4. Cf. Conferencia del Episcopado Dominicano, Declaración sobre el momento político de la campaña electoral y lo que habían manifestado algunos sacerdotes, 15 de diciembre de 1962. En Documentos…, ob. Cit., Tomo I, p.99. 5. Cf. Asamblea Nacional de la República Dominicana, Constitución Dominicana. Santo Domingo, 2010. 11 un nuevo proceso, retomamos los términos de nuestro Mensaje del año 2019, en el cual llamábamos a la sociedad dominicana a mantener un adecuado comportamiento ético “como una necesidad y una meta a conquistar por todos los ciudadanos, instituciones públicas, privadas, filantrópicas o de caridad cristiana”.6 14. A quienes cuestionan el derecho de la Iglesia a opinar sobre temas políticos o sobre los procesos electorales aclaramos que, como dominicanos y pastores de este pueblo, nos preocupa todo lo referente al ser humano, especialmente aquellas situaciones que atentan contra la dignidad y la paz. Resulta oportuno recordar lo que nos dice el Concilio Vaticano II al inicio de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.” Y añade: “La Iglesia está comprometida en su misión no solo con quienes frecuentan los templos; ella está al servicio del ser humano dentro de su mundo de complejidades.” 7 A. El debido respeto a las normas por los actores políticos. 15. Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de 6. Cf. Conferencia del Episcopado Dominicano. Mensaje: Urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana, 27 de febrero de 2019. 7. Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Apostólica Gaudium et Spes, sobre la Iglesia y el mundo actual. Proemio, nn.1 y 42. 12 la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias. Sólo el apego irrestricto a la verdad motiva a los hombres a trabajar por su propia promoción y por la de los demás; a establecer relaciones justas donde puedan superarse los intereses de clases, el antagonismo que genera la lucha de poder y las desigualdades que separan a los seres humanos. El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder. Tal ejercicio demanda reclamar a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana como sujeto de derechos que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público. 16. Novedad legislativa: búsqueda del bien común. Dos nuevas leyes están rigiendo como novedad nuestro proceso electoral: la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (Ley Núm. 33-18), y la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley Núm. 15-19), que regula el funcionamiento y las competencias de la Junta Central Electoral (JCE), así como las alianzas y las fusiones de los partidos políticos. Ambas leyes han sido ampliamente demandadas por la sociedad y garantizan un proceso jurídicamente regulado. Pedimos a quienes se encuentran directamente bajo el régimen de estas leyes observarlas sin recurrir a subterfugios para evadirlas o para imponer sus propias reglas. Toda 13 controversia relativa a ese marco legal debe resolverse fuera de las pasiones que genera el mismo proceso, buscando siempre el bien común y no las apetencias particulares que tanto daño provocan. 17. A la Junta Central Electoral. Como máximo ente responsable de la organización de los comicios, la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos, que son donde suelen producirse las principales quejas. No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción contra esta infracción electoral. En otro orden, se debe evitar la impaciencia que genera la larga espera en proclamar a los ganadores. Todos estamos llamados a cooperar y respaldar a estos servidores públicos a los fines de que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, las cuales revisten singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática. 18. A los candidatos. Urge que las propuestas electorales se fundamenten en solución de las necesidades más imperiosas del pueblo dominicano, evitando las intrigas, calumnias y manipulaciones propias de las denominadas “campañas sucias”, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Recordamos, a este respecto, nuestras palabras en el Mensaje del 27 de febrero del año 2000: “El pueblo dominicano 14 desea un debate de altura, mutuamente respetuoso, centrado no en la descalificación y los ataques mutuos, sino en la visión de la problemática nacional y en las soluciones concretas que cada uno le daría. Lo que interesa saber, para que el voto sea consciente y responsable, es el programa de cada candidato: qué va a hacer, cómo, con qué recursos y en qué plazos”8 . 19. Exhortamos a quienes aspiran a cargos públicos en estas contiendas electorales, a tomar en cuenta en sus discursos nuestra realidad actual. El escenario de inseguridad y violencia que estremece a la familia y a todos los sectores de nuestra sociedad no puede ser reproducido por nuestros líderes políticos en una batalla que denote inmadurez y poco juicio. Las propuestas de políticas públicas mediante las cuales se procurará ofrecer soluciones realistas, así como las herramientas de medición propuestas a tales fines, también deben ser científicas y creíbles, contribuyendo a la paz y al sosiego, tan necesarios para analizar y solucionar nuestros múltiples problemas nacionales. Se deben evitar, por tanto, las habituales promesas demagógicas con el objetivo de atraer adeptos, las cuales, contribuyen a exacerbar la frustración y el desencanto en nuestra sufrida población. Nada que se fundamente sobre falacias e hipocresías puede durar. Apelamos a la sensatez de nuestros dirigentes políticos y de quienes aspiran a dirigir el país, para que dentro de sus planes coloquen a la familia en el sitial que les corresponde como institución vital en una sociedad que ama y respeta.

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