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Energía y Minas emite resoluciones sobre explotación Minera

Santo Domingo. El Ministerio de Energía y Minas emitió tres nuevas resoluciones para instituir regímenes de concesiones de explotación minera y de inhabilitación, para establecer la obligatoriedad de certificación de no objeción para la exportación de  sustancias minerales metálicas o no metálicas.

“Estas resoluciones, que parten de instrumentos contemplados en la Ley Minera 146-71- pueden permitir estructurar mejor la actividad extractiva en lo que se aprueba una nueva legislación, más avanzada y acorde con la realidad económica y social actual. Estamos creando normas que beneficien más al país y que le den más transparencia y seguridad al proceso de solicitud de cualquier tipo de concesión o beneficio minero”, afirmó el ministro  de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.

Las medidas se adoptan luego de que el ministerio suspendiera la recepción de solicitudes de concesiones de exploración mineras por seis meses y pospusiera el otorgamiento de concesiones de explotación por 90 días, mediante una resolución emitida el 24 de agosto pasado.

Con las resoluciones, disponibles en el portal de transparencia de la institución, el Ministerio busca actualizar  y complementar el sistema de evaluación de concesiones mineras, con normativas actualizadas que protejan el interés nacional e incentiven la inversión.

Entre las resoluciones  está, la R-MEM-REG-048-2017 que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana. Esta normativa especifica los aspectos económicos y financieros que deben cumplir los solicitantes de derechos de explotación de yacimientos mineros a fin de garantizar que los proyectos sean realmente viables.

Establece que la vigencia máxima de una concesión de explotación será de 25 años y la extensión superficial no podrá ser mayor a 5,000 hectáreas mineras por concesión ni mayor a 15,000 hectáreas mineras para la misma persona física o jurídica.

Esta resolución indica que los concesionarios de explotaciones mineras deben asumir la responsabilidad por daños y perjuicios causados por sus actividades y ofrecer las garantías necesarias para ejecutar el plan de cierre de minas al finalizar la explotación.

La Resolución R-MEM-GEG-047-2017 instituye y precisa el régimen de inhabilitación instaurado en la ley minera vigente. Con esta medida se busca que las personas físicas y/o jurídicas que soliciten derechos mineros tengan la aptitud e idoneidad legal para esa actividad, así como garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos que pudieran influir en el sector minero.

La resolución precisa y amplía la lista de funcionarios que no pueden solicitar concesiones mineras hasta 24 meses después de haber cesado en los cargos que causan inhabilitación. También indica que si una persona beneficiaria de una concesión –sea a título personal o a través de su participación en entes jurídicos– es nombrada en un cargo público tiene un plazo de 90 días para renunciar, ceder o transferir dichos derechos preexistentes.

La Resolución R-MEM-REG-034-2017 instituye la obligatoriedad de certificación de no objeción para la exportación sustancias minerales metálicas o no metálicas.

Mientras el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibe propuestas y opiniones de distintos sectores que contribuirán con el enriquecimiento del Anteproyecto de Ley de la Minería Nacional, mientras pone en vigencia resoluciones que ayudan a avanzar en el nuevo marco normativo de la industria extractiva.

“Damos la bienvenida a las opiniones técnicas y profesionales –por las vías digital y física- dado que, sin dudas, contribuirán con el perfeccionamiento del marco legal antes de ser recibido para su conocimiento por las cámaras legislativas”, dijo el ministro Antonio Isa Conde.

El funcionario recordó que –en el interés de lograr un amplio consenso sobre el proyecto de legislación- se tiene planificado un programa de diálogo que los diferentes públicos de interés que interactúan alrededor de la industria minera, incluyendo empresas, sociedad civil e instituciones reguladoras.

La citada decisión se tomó para mejorar las normativas del sector bajo el amparo de la Ley Minera vigente y presentar el anteproyecto para una nueva legislación, elaborado por un equipo multisectorial, que se encuentra en proceso de consulta con distintos sectores de la sociedad para su perfeccionamiento.

“Estamos proponiendo una nueva ley que va a transformar el sector extractivo y que estoy seguro que tendrá el apoyo de los dominicanos y dominicanas defensores de los intereses del país, de sus recursos no renovables y del ecosistema”, aseguró Isa Conde.

 

 

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