El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres

El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres

Feminicidio-intimo

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Desde la Redacción. Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, de acuerdo con datos proporcionados por organismos públicos de esos países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

El fenómeno alcanza una extensión en El Salvador que no encuentra paralelo en ningún otro país de la región, la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres en el 2017 fue de 10,2, la cual es seguida por Honduras, que en 2016 registró un 5,8. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia (Est. Plur. de) también se observaron altas tasas para el año 2017, iguales o superiores a 2 casos por cada 100.000 mujeres. Solamente Venezuela, Panamá y el Perú registran tasas inferiores al 1,0 en la región

Los datos muestran que los feminicidios, es decir, los homicidios de mujeres perpetrados por razones de género, suelen corresponder a una parte mayoritaria del total de homicidios intencionales de mujeres. A su vez, en la mayor parte de los países de la región con datos disponibles, los feminicidios son cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja. Esta relación se invierte en El Salvador (2017) y Honduras (2016), donde los feminicidios íntimos corresponden al 6% y el 18% de total de feminicidios, respectivamente.

En el Caribe, 4 países registraron, juntos, 35 víctimas de feminicidio en 2017: Belice (9 víctimas), las Islas Vírgenes Británicas (1), Santa Lucía (4) y Trinidad y Tabago (21). Guyana y Jamaica, que solo cuentan con datos sobre feminicidio íntimo, reportaron la muerte de, respectivamente, 34 y 15 mujeres a manos de su pareja o ex pareja íntima en el mismo año.

Las comparaciones posibles sobre la prevalencia de los feminicidios en América Latina y el Caribe y otras regiones son todavía débiles. Los países de la Unión Europea solo registran en sus estadísticas regionales las cifras de muertes de mujeres ocasionadas por la pareja íntima, lo que supone desafíos en la comparabilidad con el indicador que publica la CEPAL, que se refiere a muertes de mujeres ocasionadas tanto en el ámbito público como en el privado. Mientras las tasas de feminicidios íntimos en América Latina en el 2017 varían desde un máximo de 1,98 por cada 100.000 mujeres en República Dominicana a un mínimo de 0,47 en Chile, la mayor parte de los países europeos registraba a 2016 tasas por debajo del 0,5.

La gravedad del fenómeno ha obligado a 18 países latinoamericanos a modificar sus leyes para sancionar el feminicidio: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia (Est. Plur. de), Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (Rep. Bol. de) (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países han definido metas e indicadores para la igualdad de género y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. La medición de los feminicidios es particularmente importante para dar respuestas a la meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y a la 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo . En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, el indicador de feminicidio ha sido incorporado en el Conjunto de indicadores priorizados por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030, lo que insta a los países a mejorar los registros administrativos y su indicador nacional.

El organismo internacional asegura que entre los desafíos están comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos. Esto permitiría avanzar en políticas públicas para su erradicación que consideren la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas.

Trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y una cultura de igualdad.

Generar políticas públicas de reparación dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que consideren asignaciones monetarias que permitan enfrentar los gastos cotidianos de las y los menores de edad.

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